Posición de la Confederación ante proyecto de Reforma Tibutaria

POSICIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO DE CHILE, EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA TRIBUTARIA

El Gobierno ha presentado para la aprobación del Congreso Nacional un proyecto de ley contra la evasión y la elusión tributaria, que hoy tiene carácter de suma urgencia en el trámite legislativo.
Respecto de dicha iniciativa legal, nuestra Confederación ha estimado pertinente realizar las siguientes observaciones y comentarios:
1.- Cumplimiento de la Ley
La Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile es partidaria del cumplimiento estricto de la ley y, en consecuencia, rechaza la evasión tributaria, por cuanto esta práctica constituye una competencia desleal en perjuicio del comercio establecido que representamos. En este sentido, el proyecto de ley debiera incorporar alguna norma destinada a fiscalizar de manera más efectiva al comercio informal, que tanto perjuicio provoca a nuestro sector y al país en general. Creemos que la mayor dotación de facultades y personal fiscalizador del S.I.I. que propone el proyecto, se encargará de controlar a aquellos comerciantes con domicilio conocido, especialmente de pequeños establecimientos, ante los cuales el fiscalizador tiene fácil acceso.
La mayor fiscalización grava especialmente al pequeño comerciante que en la mayoría de los casos no sólo atiende personalmente su negocio sino que además realiza él mismo todos los trámites relativos a su establecimiento comercial, incluyendo enfrentar el control del SII. Generalmente, el comerciante detallista no cuenta con un departamento contable, legal o tributario al cual delegar esta tarea y, por lo tanto, cuando es materia de revisión por parte del SII, se afecta en forma importante el desarrollo de su actividad comercial.
En cambio, las grandes empresas generalmente cuentan con personal especialmente contratado para hacer frente a la fiscalización tributaria. De esta manera el mayor control por parte del SII, al contrario de lo que ocurre con los pequeños comerciantes, no afecta en absoluto su normal funcionamiento.
2.- Independencia de la Justicia Tributaria
Nuestro sector también está convencido de que la justicia tributaria de primera instancia debe ser administrada por un organismo independiente del Servicio de Impuestos Internos. En efecto, debieran crearse tribunales tributarios especializados, que resuelvan los conflictos sometidos a su conocimiento de manera justa, rápida y eficiente. Sólo en esta forma se daría garantía suficiente y en toda instancia, de los principios de igualdad, bilateralidad de la audiencia y de imparcialidad que necesariamente debe tener todo tribunal.
3.- El proyecto establece nuevos hechos gravados y multas
La Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile se opone a aquellas normas del proyecto que disponen gravar con IVA las ventas de bienes del activo fijo y la que impide imputar como crédito el pago de contribuciones a los bienes raíces. Dichas disposiciones constituyen una reforma tributaria de fondo que cambia sustancialmente las reglas del juego, estableciendo nuevos hechos gravados con impuestos y, por ende, aumentan la carga tributaria del contribuyente.
Además el proyecto contempla un fuerte aumento de las multas para los casos de no pago de impuestos de retención o recargo, sin que se haya demostrado que los montos actuales no son lo suficientemente disuasivos de la conducta mencionada. Se establece una multa cuando el contribuyente no comparece ante el SII, pero no se fija un mecanismo para excusarse al existir algún motivo calificado de inasistencia, ni para acreditar la asistencia del contribuyente que concurre a la citación respectiva.
4.- Subordinación de Tesorería a criterios del SII
También consideramos perjudicial la restricción de atribuciones de la Tesorería General de la República en beneficio de las prerrogativas del S.I.I., dado que el criterio y disposición de los funcionarios de Tesorería hacia nuestro sector han sido óptimas.
Lamentablemente, la experiencia nos indica que el personal del S.I.I. actúa de manera muy diversa, privilegiando su función recaudatoria y punitiva, por sobre la prevención de infracciones y de ayuda al desarrollo de las pequeña empresas. Así por ejemplo, el proyecto dispone que las solicitudes de reintegro de IVA deberán realizarse directamente ante el S.I.I., en circunstancias que este trámite se realiza actualmente ante Tesorería, sin que existan quejas de los usuarios.
Además, el proyecto limita la facultad de Tesorería para condonar o repactar deudas tributarias, la que deberá realizarse de acuerdo con los criterios y excluyendo a ciertos contribuyentes que determina el S.I.I.. Incluso se prohíbe la condonación y la celebración de convenios de pago tratándose de impuestos de retención o recargo. Dichas medidas, aparte de contradecir el objetivo del proyecto en cuanto a conseguir una mayor recaudación de impuestos, resulta ser especialmente negativa para nuestro sector, teniendo presente la grave situación de endeudamiento, de todo orden, por la que atraviesa actualmente el comercio detallista y las pymes en general.
5.- Pérdida de Crédito Fiscal y Nómina de Contribuyentes
El proyecto en comento contempla una serie de situaciones nuevas en las cuales el contribuyente pierde su derecho al crédito fiscal por la conducta eventualmente incorrecta de un tercero. Con esta norma en la práctica se convierte a los contribuyentes de IVA en verdaderos fiscalizadores ad honórem. En efecto, el proyecto obliga implícitamente a que cada comerciante investigue exhaustivamente el origen de las facturas ya que si comete el "error" de recibir y pagar alguna factura perdida, o de contribuyentes sin domicilio conocido o con algún tipo de incumplimiento tributario, posteriormente no podrá solicitar la devolución del IVA debidamente pagado, ya que dicha conducta será considerada una infracción administrativa.
En relación con la confección de una nómina de contribuyentes en situación irregular, consideramos que si bien la medida persigue un fin loable, su eficacia resulta incierta, por cuanto la nómina no podrá dar cuenta de los nuevos contribuyentes y aquellos que estén constantemente iniciando actividades operando con identidades de terceros. Además, el comerciante detallista carece en la actualidad de los medios tecnológicos adecuados para la consulta de este listado. El uso de esta nómina, recarga aun más la actividad administrativa del contribuyente, afectando especialmente y por las razones expresadas en puntos anteriores, a los comerciantes detallistas y a las empresas más pequeñas.
6.- Garantías Procesales
También nos oponemos al establecimiento de ciertas garantías procesales en beneficio del S.I.I., como la notificación por cédula de ciertas resoluciones, las relativas a las presunciones que se disponen en el caso de mera tenencia de facturas falsificadas; en la obligatoriedad de otorgar garantías suficientes para afianzar el resultado del juicio tributario, sin la cual no es posible suspender el apremio o firmar un convenio de pago, y como condición para interponer recurso de apelación. Dichas medidas afectan especialmente a las pequeñas, medianas y micro empresas que no cuentan con la estructura legal ni administrativa, ni los recursos suficientes para hacer frente a los nuevos requerimientos.
Tratándose de un juicio donde existen dos partes, no parece lógico ni razonable que una de ellas tenga una amplia gama de beneficios procesales en perjuicio de la otra. Como si la ley presumiera que el contribuyente actúa de mala fe y, por lo tanto, es necesario exigirle todo tipo de garantías ante la certeza de un fallo favorable para los intereses del fisco. En efecto, el proyecto exige que al contribuyente se le hayan embargado bienes suficientes o que haya constituido garantía suficientes para suspender el apremio o celebrar un convenio de pago. Es decir, el procedimiento de apremio continua mientras se tramita el juicio, si no hay bienes embargados o no se constituyen garantías suficientes de pago, sin ponerse en el caso de que el contribuyente en definitiva sea absuelto, en cuyo evento el daño moral y comercial ocasionado por tener comprometido judicialmente su patrimonio durante el tiempo que dura el juicio, será muy difícil de reparar.
7.- Modificación al Sistema de Prelación de Créditos
Asimismo, consideramos preocupante la modificación al sistema de prelación de créditos, otorgando un privilegio legal a cualquier impuesto adeudado en cualquier juicio ejecutivo, por sobre cualquier otro crédito. Dicha modificación puede debilitar garantías alterando las condiciones en que actualmente se otorgan los créditos con garantías hipotecarias o prendarias, cuyo mayor riesgo se traduciría en una mayor tasa de interés, agravando con ello la situación de crisis económica que sufre actualmente nuestro sector.
8.- Plazo para fiscalizaciones del SII y Principio de Seguridad Jurídico
Por último, consideramos necesario que el proyecto establezca un plazo relativamente corto, para que el S.I.I. informe al contribuyente el resultado de la fiscalización de que es objeto. Hoy en día el S.I.I. no tiene plazo en este sentido, dejando en la incertidumbre más absoluta y por tiempo indefinido, a los contribuyentes que son evaluados, afectando de esta forma su normal funcionamiento.
Por el contrario, el proyecto en comento, propone normas que disponen la ampliación en los plazos de prescripción extintiva de las acciones del fisco para la revisión del IVA y acciones penales. Por otro lado, se elimina el abandono del procedimiento en ciertas etapas del proceso de cobranza, situación que va en contra del principio de seguridad jurídica.

RODRIGO AGUILA ARAYA RAFAEL CUMSILLE ZAPAPA
DEPTO. JURÍDICO PRESIDENTE NACIONAL
PATRICIO PIDDO ISBEJ
DEPTO. JURÍDICO

 

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