Resolución 50632 de la Corte Suorema rechazó recurso de vendedores callejeros de Temuco. (29-XII-2010)

Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil diez.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus motivos undécimo a décimo sexto, que se eliminan.
Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMAS PRESENTE:
PRIMERO: Que los actores individualizados en el fundamento primero de la sentencia impugnada han recurrido de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Temuco por haber emitido una carta que comunica el inicio del programa denominado ?Ordenamiento y relocalización del comercio estacionado del sector centro de la ciudad de Temuco? y que anuncia la medida de caducidad de todos los permisos para ejercer el comercio estacionario o ambulante dentro del perímetro de las calles Vicuña Mackenna, Bello y Lautaro a contar del 30 de septiembre del año en curso. Esgrimen que las motivaciones que explicita el acto impugnado no son plausibles ni tienen un sustento comprobable. Afirman que el actuar municipal afecta sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 2, 16, 21 y 22 el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Piden que se declare que el inicio del mencionado programa es ilegal y arbitrario, al igual que el traslado o expulsión de los comerciantes ambulantes desde el lugar en que ejercen sus permisos.
SEGUNDO: Que al informar el Alcalde recurrido solicitó el rechazo de la presente acción, sosteniendo que la medida dispuesta se ajusta a la legalidad y se encuentra debidamente fundamentada.
TERCERO: Que corresponde a la Municipalidad la administración de los bienes nacionales de uso público conforme al artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y dentro de esta administración se pueden otorgar concesiones y permisos de ocupación de dichos bienes.
CUARTO: Que en cuanto a los permisos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Municipalidades, son esencialmente precarios y pueden ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnizaciones.
QUINTO: Que teniendo como base lo antes señalado, aparece inconcuso que la Municipalidad se encontraba facultada para revocar los permisos que habilitan a los recurrentes para ocupar un bien nacional de uso público para ejercer la actividad de vendedores ambulantes.
SEXTO: Que por otra parte, de acuerdo a lo previsto en la letra d) del artículo 5 de la Ley Nº 18.695, la recurrida se encuentra facultada para dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular, lo que hizo en la especie al dictar la medida de ?Ordenamiento y relocalización del comercio estacionado del sector centro de la ciudad de Temuco?, en la que se contiene la decisión de caducar los permisos municipales en cuestión, por lo que sólo cabe concluir que la autoridad edilicia no ha contravenido el principio de legalidad.
SEPTIMO: Que además, dada la naturaleza de los permisos que poseen los actores, éstos no ostentan un derecho de carácter indubitado respecto del cual pueda brindársele protección, por cuanto el Municipio conforme a sus facultades siempre puede poner término a tales permisos, por lo que menos aún puede concebirse un derecho de parte de los recurrentes que sea susceptible de cautela.
OCTAVO: Que de igual modo corresponde descartar la arbitrariedad por cuanto la propia autoridad ha esgrimido las razones de su proceder, sin que existan antecedentes en l os autos que demuestren que el recurrido haya actuado de modo caprich oso. En efecto, en el documento de fojas 12 se detalla que con la medida anunciada se pretende permitir el libre tránsito peatonal, lograr la exhibición de las vitrinas de los locales comerciales, evitar aglomeraciones que facilitan la comisión de actos delictuales, impedir que se generen condiciones de orden sanitario adversas ante la ausencia de servicios higiénicos adecuados, todo ello con la finalidad de materializar la prohibición de instalarse en la vía pública para realizar actividades comerciales no autorizadas.
Estas justificaciones, que no han sido desvirtuadas en modo alguno, constituyen motivaciones suficientes para concluir que la autoridad recurrida adoptó la decisión cuestionada para generar -entre otros objetivos- condiciones seguras para el desplazamiento peatonal, lo que inequívocamente no es resultado de la irreflexión, del empecinamiento ni el afán de afectar a terceros.
NOVENO: Que establecida la falta de ilegalidad y de arbitrariedad, resulta innecesario analizar las garantías constitucionales que se dicen infringidas.
DECIMO: Que por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de protección deducido no puede prosperar.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de nueve de octubre último, escrita a fojas 41 y en su lugar se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 1.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.
Rol Nº 7972-2010. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Juan Araya, Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos y Sr. Domingo Hernández. No firman, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo los Abogados Integrantes señores Lagos y Hernández por estar ausentes. Santiago, 29 de diciembre de 2010.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a veintinueve de diciembre de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.